Este estudio se centra en el fenómeno de la vivienda informal en la ciudad de Chihuahua, con la finalidad de explicar las causas multifactoriales, entender los efectos sobre los habitantes que lo padecen, y en hacer una propuesta integral de política pública para contribuir a solucionar este problema social. Para efectos de este estudio, se entiende la vivienda informal a “Aquella promovida fuera del mercado inmobiliario formal, es decir, la que se construye en suelos invadidos, ilegales, o incluso aquella construida de manera espontánea o de urbanización popular. Sus características generales son que: se autoproduce, con sus propios recursos –generalmente escasos-, en suelo que no cuenta con escritura que lo acredite como propietario; la vivienda no cuenta con servicios públicos de infraestructura, o solamente con algunos de ellos; se ha construido por procesos de invasión, venta informal o ilegal de suelo, u ocupación de zonas de riesgo, entre otras deficiencias en la edificación o en el contexto urbano, aparte de la tenencia, ubicación o rasgos del suelo ya indicados” (IMPLAN, 2022).
Partiendo de la anterior definición, se empleó una aproximación de métodos mixtos, tanto cualitativos como cuantitativos, que incluyó:
- Una revisión documental, normativa, y de los instrumentos de planeación de los tres órdenes de gobierno;
- La identificación de actores institucionales de los tres órdenes de gobierno, así como actores relevantes del sector privado y social.
- El análisis de información estadística y geoespacial de indicadores de rezago y marginación social con nivel de desagregación a nivel de AGEB, a partir de datos de INEGI CONEVAL y CONAPO.
- La realización de brigadas de exploración que determinaron la existencia de 18 zonas o estratos con presencia de vivienda informal.
- La aplicación y análisis estadístico de una encuesta con habitantes de vivienda informal (n=351) en las 18 zonas o estratos.
- La realización de entrevistas con informantes clave de los sectores público, privado y social (n=16)
La triangulación de los diversos instrumentos y métodos de análisis permitió determinar que las causas del fenómeno de vivienda informal en la ciudad de Chihuahua, al igual que en otras ciudades del país, según se explica a lo largo del estudio, responden a una conjunción de factores y causas, entre los que se incluyen los recursos presupuestarios limitados; la pobreza y precariedad laboral de la población; fenómenos de migración económica de municipios rurales principalmente de la Sierra Tarahumara; la verificación de dinámicas tanto de compra-venta de suelo ejidal (Pola, Méndez y Vieyra, 2017), como de “invasiones concertadas” en este tipo de suelo (Rodríguez, 2008); la falta de continuidad programática e institucional (i.e. desaparición de apoyos de vivienda social) del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), y los vacíos legales y distorsiones de incentivos en el mercado de vivienda, que en Chihuahua, al igual que en otras partes del país, incluyen la concentración de población de bajos ingresos en las periferias urbanas, la falta de acceso a financiamiento, subsidios gubernamentales mal dirigidos y la falta de regulación del mercado formal de suelo urbano (Salinas & Soto, 2019; Tejeda, 2006).
El estudio también presenta un análisis de las diversas soluciones al problema de vivienda informal, que se han realizado a nivel internacional, nacional y local, destacando los casos del programa integral Favela-Bairro en Río de Janeiro y el caso de la vivienda social de Quinta Monroy en Iquique, destacando el primero como ejemplo de gestión integral y concurrente, y de soluciones constructivas modulares y favorecedora de autoconstrucción gradual el segundo. A nivel nacional se destacó la experiencia histórica del extinto Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular (INDECO) que construyó miles de viviendas sociales entre los 1970s y principios de los 1980s (Connolly, 1997), así como el caso actual del programa “Mejora Sí” (INFONAVIT, 2023b), orientado a personas físicas no afiliadas a dicho instituto, lo cual constituye un ejemplo de diseño adaptable a nivel local. A nivel estatal se explora el caso de Aguascalientes como un ejemplo destacado de gobierno local que a través de diversos mecanismos logró asegurar reserva territorial suficiente para ofertar suelo asequible destinado a vivienda social (Jiménez-Huerta, 2013). Finalmente, en el orden de gobierno municipal, se destacan los programas denominados “Pies de casa”, en concreto en los estados de Aguascalientes (Ayuntamiento de Rincón de Romos, 2019) y Sinaloa (INMUVI, 2019), los cuales a pesar de tener áreas de mejora importantes respecto a las dimensiones con que se han construido, son otro ejemplo de soluciones para los segmentos de población más vulnerables.
El estudio concluye con una recomendación concreta de política pública con el objetivo de contribuir a solucionar de manera integral y sostenible el problema de vivienda informal en la ciudad de Chihuahua, la cual se conforma por tres ejes estratégicos: 1) Regularización y/o reubicación; 2) Mejora habitacional y de servicios, y 3) Prevención mediante disponibilidad de vivienda social, de los cuales derivan seis líneas de acción concretas, que incluyen programas de: 1) Regularización y titulación de la propiedad; 2) Reubicación de viviendas en zonas de riesgo; 3) Bancos de materiales y asesoría técnico-constructiva; 4) Dotación de servicios públicos básicos; 5) Utilización de reservas territoriales existentes para vivienda social, y 6) Esquemas de financiamiento asequibles.
En definitiva, la política pública recomendada, está orientada a que la ciudad de Chihuahua garantice la suficiencia de reserva territorial para el desarrollo de vivienda para sectores de todo tipo de ingresos, incluida vivienda social digna y asequible para los segmentos de población más vulnerables por ingresos y excluidos de la institucionalidad actual. Esta estrategia no solo asegura el acceso a terrenos adecuados para comunidades de bajos recursos, sino que también fortalece la resiliencia de las ciudades ante eventos adversos, promoviendo un desarrollo más equitativo, seguro y sostenible en el tiempo.
